El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó el arresto de 49 041 personas en julio, la cifra más alta en un solo mes durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El incremento refleja una escalada en la estrategia de detenciones, ya que en junio se habían registrado 42 588 arrestos.
Un análisis del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley reveló que la mayoría de los migrantes arrestados no tenían antecedentes penales. Entre los detenidos se encontraban cónyuges de ciudadanos estadounidenses, familiares directos de militares en activo, personas con estatus de protección temporal (TPS) y solicitantes de asilo.
Solo el 4% de los migrantes detenidos en junio y julio había sido condenado por delitos violentos. La mayoría fue acusada de violar leyes civiles de inmigración, sin historial criminal previo.
ICE arrestó a casi 50 mil inmigrantes en julio; la mayoría no tenía antecedentes penales.
El crecimiento de las detenciones se relaciona con el aumento de personal en la agencia, que alcanzó 29 mil elementos, según el New York Times. Además, bajo el programa 287, corporaciones policiales locales colaboran directamente con ICE. En junio, policías locales detuvieron a 6 242 personas y en julio a 6 461.
La mitad de los arrestos se realizaron en la comunidad, es decir, no fueron personas bajo custodia policial, sino individuos localizados en sus hogares o lugares de trabajo. Entre ellos había personas con permisos de trabajo válidos y solicitudes de asilo pendientes.
Las cifras muestran contrastes entre estados santuario y estados afines a Trump:
Nueva Jersey: 1 635 detenidos en junio y 2 078 en julio.
Nuevo México: 596 en junio y 705 en julio.
Texas: 10 758 en junio y 11 986 en julio.
Florida: 5 192 en junio y 7 235 en julio, con un promedio de 207 arrestos diarios.
Organizaciones y detenidos han descrito las instalaciones del ICE como espacios de extrema presión psicológica y física, denunciando el uso de restricciones corporales severas y aislamiento prolongado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que sus protocolos de arresto y traslado cumplen con la ley y responden estrictamente a situaciones de resistencia o seguridad.
