La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló de forma definitiva el contrato de concesión que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos Pacífico y Atlántico del canal de Panamá.

 La resolución judicial, que declaró el contrato inconstitucional, ha provocado una crisis política y diplomática, especialmente en la relación entre Panamá y China, y ha obligado al Gobierno panameño a replantear su modelo de administración portuaria.

¿Por qué se quitó la concesión a empresas chinas en el canal de Panamá? 

El contrato original fue firmado en 1997 y prorrogado posteriormente, la última vez en 2021 por 25 años. Según la Corte, la concesión presentaba una “inclinación desproporcionada a favor de la empresa” y generaba un perjuicio económico para el Estado panameño. 

Con este fallo, considerado final e inapelable, se revierte una de las concesiones extranjeras más relevantes en áreas estratégicas vinculadas al canal interoceánico.

Tras conocerse la decisión, el presidente José Raúl Mulino afirmó que el Gobierno acatará plenamente el fallo y que iniciará un proceso de transición ordenada en la administración de los puertos. 

Según explicó en conferencia de prensa, el Ejecutivo no permitirá que una sola empresa vuelva a controlar ambos terminales, por lo que la futura gestión se dividirá entre diferentes operadores o entidades, con el objetivo de reforzar la soberanía, la competencia y la transparencia. Mulino calificó el traspaso de la gestión portuaria como un asunto “trascendental y complejo” para el país.

Mientras se define el nuevo esquema, el Gobierno anunció que la empresa danesa Maersk asumirá de manera temporal la administración de las terminales, garantizando la continuidad operativa y la estabilidad del comercio marítimo. 

Paralelamente, las autoridades evalúan el impacto del fallo sobre los empleos, los contratos vigentes y los compromisos logísticos asociados a las operaciones de PPC.

Hay respuesta negativa contra fallo de la Corte

En respuesta a la anulación de la concesión, Panama Ports Company activó un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París. La empresa sostiene que ha sido objeto de una “campaña dirigida” en su contra y que una serie de medidas adoptadas por el Estado le han ocasionado “graves daños”. 

El presidente Mulino rechazó estas acusaciones y negó de forma categórica cualquier hostigamiento estatal, aunque reconoció el derecho de la compañía a recurrir a los mecanismos previstos en los tratados internacionales.

La reacción de China fue inmediata. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado calificó la sentencia panameña como “jurídicamente absurda” y advirtió que Panamá podría pagar “un alto precio” por cancelar la concesión.

 Además, según información de Bloomberg, Pekín habría solicitado a sus empresas estatales suspender negociaciones sobre nuevos proyectos en el país centroamericano. El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, aseguró que su país defenderá los “derechos e intereses legítimos” de las empresas chinas.

Mulino respondió defendiendo la independencia del Poder Judicial y subrayó que Panamá es un país soberano que “no se va a dejar amenazar por ningún país sobre la Tierra”, aunque expresó su deseo de que la situación no escale. 

El mandatario insistió en que la resolución judicial debe ser respetada por todas las partes, independientemente de las repercusiones diplomáticas.