La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal de 532 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
El máximo tribunal "concede la solicitud de suspensión" presentada por la administración para levantar una orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden.
El fallo de la Corte Suprema es temporal, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelación. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon.
Jackson, acompañada por Sotomayor, escribió que pausar la orden del tribunal inferior "facilitaría un sufrimiento humano innecesario antes de que los tribunales hayan llegado a un fallo final sobre los argumentos legales en cuestión", y criticó a la mayoría por determinar que es "de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales disidentes decidan sobre sus reclamos legales".
La administración del presidente Trump ha estado recurriendo constantemente a la Corte Suprema en busca de ayuda de emergencia mientras lucha contra más de 200 demandas dirigidas a muchas políticas de la agenda del segundo mandato del presidente, aunque muchas de las peleas judiciales que involucran sus esfuerzos para acabar con la migración a los Estados Unidos han llevado a mayores tensiones con el poder judicial federal.
La disputa sobre el intento del gobierno de revocar el estatus legal temporal otorgado a 532 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos es independiente de otras impugnaciones al uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos, que ha sido bloqueada por algunos tribunales. El alto tribunal también ha permitido al Departamento de Seguridad Nacional revocar el estatus de protección a aproximadamente 350 mil venezolanos por ahora.
Desde 1952, la ley federal de migración ha permitido al poder ejecutivo otorgar libertad condicional a extranjeros por razones humanitarias.
El Departamento de Seguridad Nacional creó procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos durante la administración Biden a finales de 2022 y principios de 2023. Estos procesos exigían que los migrantes que buscaban libertad condicional la solicitaran a través de un patrocinador que se encontrara legalmente en Estados Unidos y les autorizara a trabajar en el país durante dos años.
El gobierno de Biden creó los programas para abordar el creciente número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México y afirmó que las protecciones promovían la inmigración legal. No permitía que quienes llegaron a Estados Unidos con las protecciones temporales renovaran su permiso de viaje después del plazo de dos años.
Pero poco después de que Trump comenzara su segundo mandato, emitió una orden ejecutiva que instruía al secretario de Seguridad Nacional a cancelar todos los programas de libertad condicional, incluyendo el CHNV. En cumplimiento de la orden ejecutiva, Kristi Noem anunció en marzo que el Departamento de Seguridad Nacional pondría fin al programa CHNV, y que las concesiones de libertad condicional aún vigentes expirarían el 24 de abril.
La medida es parte de los esfuerzos más amplios del presidente para reducir la inmigración a Estados Unidos, un tema que surgió como pieza central de su campaña de 2024 para un segundo mandato en la Casa Blanca.
Un grupo de 23 personas, incluidos varios presos en libertad condicional de CHNV, y una organización sin fines de lucro impugnaron la terminación del programa por parte de Noem, y un juez de un tribunal de distrito federal en Massachusetts acordó detener la revocación general por parte de Noem del estatus legal temporal de los migrantes.
