Un viaje que debía ser tranquilo desde Antalya hacia Manchester terminó convertido en un episodio de violencia aérea. El vuelo LS896 de Jet2 se transformó en un escenario de enfrentamiento cuando dos pasajeros británicos, en estado de ebriedad, comenzaron a lanzar insultos racistas contra una familia de origen pakistaní. La tensión escaló rápidamente y derivó en una pelea física que dejó sangre en los asientos y hasta dientes en el pasillo, según relataron testigos.

La situación se agravó cuando uno de los hombres intentó comprar cigarrillos y la tripulación se negó. En cuestión de minutos, el pasillo se convirtió en un improvisado ring: golpes, forcejeos y gritos dominaron la cabina. 

Videos difundidos en redes muestran a los agresores enfrentándose mientras una tripulante intentaba separarlos. Un pasajero intervino y logró inmovilizar a uno de ellos aplicándole una llave en el cuello.

Ante el riesgo para la seguridad, el comandante declaró emergencia y desvió el avión hacia Bruselas, donde aterrizó tres horas después del despegue. La policía belga subió a bordo y detuvo a los responsables.

Consecuencias para los agresores

La aerolínea Jet2 confirmó que los pasajeros fueron vetados de por vida y que iniciará acciones legales para recuperar los costos del desvío, estimados en más de 30.000 euros. La compañía recordó su política de “tolerancia cero” frente a conductas disruptivas y señaló que no es la primera vez que aplica sanciones de este tipo: en 2022, dos pasajeros enfrentaron un reclamo de 50.000 libras por un incidente similar.

El caso se suma a la creciente lista de incidentes de air rage registrados por autoridades europeas. Según el Protocolo de Montreal de 2014, la jurisdicción para procesar este tipo de delitos corresponde al país donde aterriza el avión, sin importar la nacionalidad de los pasajeros o la tripulación. La OACI considera estos hechos una amenaza severa para la seguridad internacional, lo que obliga a las aerolíneas a aplicar protocolos estrictos.

El manual de crisis establece que, si la violencia persiste, la tripulación puede recurrir a inmovilización física con ayuda de pasajeros. Además de las sanciones legales, los infractores enfrentan consecuencias económicas significativas, ya que las compañías suelen reclamar los gastos derivados del desvío.

El veto vitalicio puede extenderse a otras aerolíneas europeas y británicas, consolidando a los agresores como un riesgo para la seguridad operacional y cerrándoles el acceso al transporte aéreo en gran parte del continente.