La mayoría morenista en el Senado consideró que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y la negativa de la gobernadora, María Eugenia Campos, a hablar con el Senado tipifica el delito de “traición a la patria”, que se castiga con hasta 40 años de prisión, aunque decidió no presentar ningún recurso ante la Fiscalía General de la República, porque ésta ya abrió dos líneas de investigación.

El informe elaborado por las presidencias de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, que fueron las que invitaron a una reunión a María Eugenia Campos, dice que “corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional, debe ser investigada exhaustivamente y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas y penales conducentes en estricto apego al Estado de derecho”.

A sólo dos horas de la cita, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, declinó la invitación del Senado para reunirse con los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, dice el oficio que su gobierno entregó a la Mesa Directiva del Senado.

La tardía comunicación de la gobernadora, como la calificaron legisladores como Saúl Monreal, Lucía Trasviña y Enrique Inzunza, provocó la molestia de la bancada de Morena, que activó su decisión de instar a que la Fiscalía General de la República proceda penalmente en contra de la gobernadora; sin embargo, el anuncio de la propia Fiscalía de que abrió dos líneas de investigación los llevó a que el informe se quedara sólo en la Mesa Directiva.

Durante la sesión de la Junta de Coordinación Política, realizada ayer su presidente, el morenista Ignacio Mier, anunció a todos los coordinadores parlamentarios que la decisión era que el pleno abriera la Agenda Política para debatir el tema.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, y los priistas Manuel Añorve, Claudia Anaya y Carolina Viggiano coincidieron en que debe investigarse todo lo ocurrido para esclarecer la presencia de agentes de la CIA; aceptaron que se trata de un tema delicado, pero no implica ir tras la gobernadora de Chihuahua; Manuel Añorve consideró que esta decisión de Morena tiene tintes electorales y sólo tiene el objetivo de allanar el camino a sus candidatos al gobierno de ese estado.

Los panistas insistieron en que Morena utiliza un doble rasero, porque no hace nada para llamar a cuentas a gobernadores que han sido señalados de vínculos con el crimen organizado e incluso el gobierno de Estados Unidos les retiró la visa, pero por el otro lado buscan acusar por traición a la patria a una gobernadora que sí combate al crimen organizado.

Pero los morenistas insistieron en que la participación de los agentes de la CIA, al margen de las autorizaciones que marca la Ley de Seguridad Nacional, es una grave violación a la soberanía nacional y eso tipifica como traición a la patria.