La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este jueves que su gobierno mantendrá la exigencia de pruebas al de Estados Unidos antes de proceder contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria sostuvo que la postura de su administración no responde a intereses partidistas, sino al respeto al debido proceso y a la defensa de la soberanía nacional, pues durante su conferencia mañanera, aseguró que “si fuera un gobernador de otro partido haríamos lo mismo”, al rechazar que exista protección política hacia integrantes de Morena señalados por autoridades estadunidenses.

No es una decisión política de la presidenta, es la decisión de defender la soberanía nacional y que frente a cualquier acusación se pidan pruebas para la posible detención de una persona”, afirmó.

Derivado de esta situación, la jefa de Estado también subrayó que México no busca vulnerar la relación bilateral con Estados Unidos, por lo que insistió en que cualquier acción debe apegarse a la ley.

Cabe mencionar que las declaraciones ocurren en medio de la tensión diplomática derivada de las acusaciones formuladas por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, a quienes se les relaciona presuntamente con operaciones del narcotráfico y delitos vinculados al tráfico de armas.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país recordó que Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición debido a falta de pruebas, por lo que consideró que México debe aplicar el mismo criterio jurídico.

Es necesario precisar que en días recientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno estadounidense para solicitar formalmente las evidencias que sustenten las acusaciones contra el mandatario sinaloense.

La presidenta ha insistido en que “no se protege a nadie”, pero recalcó que cualquier detención debe sustentarse en elementos probatorios suficientes y no únicamente en declaraciones o señalamientos mediáticos.