Este miércoles 18 de febrero, la presidenta de México, Claudia Shienbaum Pardo, anunció que se enviará al Congreso una reforma constitucional en materia de pensiones, con el objetivo de eliminar privilegios en los altos mandos del sector público.

En este contexto, la mandataria precisó que la medida no afectará a trabajadores de base ni a quienes cuentan con contratos colectivos, como los de Petróleos Mexicanos (Pemex) o Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para quienes va dirigida la encomienda es para aquellos que ocuparon cargos directivos y actualmente reciben pensiones muy por encima del promedio nacional; derivado de lo anterior Sheinbaum Pardo mencionó que por poner un ejemplo, los pagos serán la mitad de lo que gana el Ejecutivo federal.

No estamos hablando de los trabajadores con contrato colectivo sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha un millón de pesos mensuales de pensión ya que hagamos toda la reforma entonces lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal”, detalló.

Bajo esta premisa, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso que tras un arduo trabajo se hallaron pensiones altas dentro de las empresas paraestatales y organismos públicos, señalando que existen casos muy por encima de los promedios nacionales y de los tabuladores oficiales.

La secretaria indicó que estas cifras reflejan una desproporción significativa respecto al promedio nacional de pensiones, que ronda entre 6 mil 600 y 7 mil pesos mensuales según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, Buenrostro, refirió que algunas pensiones en el sector público alcanzan hasta 140 veces más que el promedio antes señalado, de ahí la importancia de la reforma que está planteando la titular del Ejecutivo.

¿De qué trata la reforma?

Estela Damián, consejera jurídica de Presidencia, fue la encargada de desmenuzar los alcances que tendrá la iniciativa de reforma constitucional, la cual será enviada al Senado por la presidenta Sheinbaum.

De acuerdo a lo expuesto desde el Salón Tesorería, la propuesta busca establecer un límite a las jubilaciones y pensiones de altos mandos de confianza en entidades públicas, con el objetivo de garantizar austeridad y eliminar privilegios que actualmente representan un gasto elevado para el erario.

En términos llanos, la reforma busca que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no excedan el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo federal.